Scott Bessent: "EE. UU. confiscó USD 1000 millones en criptomonedas vinculadas a Irán"

El gobierno de Estados Unidos aseguró haber tomado control de aproximadamente USD 1000 millones en criptomonedas vinculadas a Irán, en una de las declaraciones más contundentes realizadas hasta ahora sobre el uso de activos digitales en el marco de las sanciones económicas y los conflictos geopolíticos.

La afirmación fue realizada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una intervención en el Foro Económico Nacional Reagan, celebrado en California. Allí sostuvo que las autoridades estadounidenses lograron apoderarse de billeteras digitales asociadas a actores iraníes y sugirió que algunos de sus propietarios incluso podrían desconocer que los fondos ya no están bajo su control.

Las declaraciones se producen en medio de la presión que Washington mantiene sobre las fuentes de financiamiento vinculadas al gobierno iraní y a organizaciones relacionadas con su estructura militar. Según Bessent, las acciones forman parte de una estrategia más amplia para limitar el acceso de Teherán a recursos financieros en un contexto de tensión regional y sanciones internacionales.

Aunque el funcionario no detalló qué criptomonedas fueron incautadas ni explicó los mecanismos utilizados para ejecutar las confiscaciones, la cifra mencionada coloca nuevamente a los activos digitales en el centro de una disputa que trasciende al mercado y alcanza dimensiones geopolíticas.

Las declaraciones del secretario del Tesoro llegan en un momento en que diversas informaciones periodísticas señalan una creciente utilización de Bitcoin en actividades comerciales relacionadas con Irán.

Durante las últimas semanas trascendieron reportes que vinculan a sectores de la Guardia Revolucionaria iraní con iniciativas que utilizan Bitcoin para operaciones marítimas. Entre ellas figura una plataforma de seguros para transporte marítimo denominada Hormuz Safe, que, según medios iraníes, promueve coberturas liquidadas en la principal criptomoneda del mercado.

A esto se suma un informe publicado meses atrás que señalaba que Irán evaluaba exigir pagos en Bitcoin a determinados buques petroleros que atraviesen el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Por esa vía circula cerca del 20% del petróleo global, lo que convierte a cualquier cambio en sus mecanismos de pago en un asunto de relevancia internacional.

Según esas versiones, uno de los argumentos para utilizar criptomonedas era reducir la exposición a sanciones y dificultar eventuales confiscaciones. Sin embargo, las recientes declaraciones de Washington apuntan precisamente en sentido contrario y buscan mostrar que las autoridades estadounidenses mantienen capacidad para rastrear y actuar sobre determinados activos digitales.

Las criptomonedas estables también aparecen en el radar de las investigaciones internacionales.

Durante el último año, autoridades israelíes señalaron que entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní habrían recibido importantes sumas mediante USDT, la stablecoin emitida por Tether y una de las más utilizadas del ecosistema cripto.

Al mismo tiempo, reportes recientes alertaron sobre campañas de fraude dirigidas a empresas navieras. En esos esquemas, atacantes que se hacían pasar por funcionarios iraníes exigían pagos en Bitcoin o USDT bajo distintos pretextos relacionados con operaciones marítimas.

Si bien Bessent no vinculó directamente las confiscaciones anunciadas con ninguno de esos casos específicos, sus declaraciones reflejan la creciente atención que gobiernos y organismos de seguridad prestan al uso de criptomonedas en operaciones internacionales, especialmente en escenarios atravesados por sanciones económicas, conflictos regionales y disputas comerciales.

La situación también vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente dentro de la industria: hasta qué punto los activos digitales pueden funcionar como herramientas resistentes a la censura estatal cuando las autoridades logran identificar actores, plataformas o billeteras asociadas a determinadas actividades. 

Los recientes movimientos de Washington muestran que, al menos en algunos casos, los gobiernos continúan desarrollando capacidades para intervenir sobre fondos digitales que consideran vinculados a intereses estratégicos o de seguridad nacional.

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