ARCA y transferencias en Argentina: qué pasa al superar los 50 millones de pesos y qué documentación pueden pedir bancos y billeteras

Las personas que reciban, envíen o mantengan $50 millones durante un mes en determinadas cuentas bancarias o billeteras virtuales pueden quedar incluidas en los regímenes de información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El monto no representa un límite máximo para transferir dinero. Su función es establecer desde qué nivel las entidades deben suministrar datos sobre los movimientos, los saldos y los titulares de las cuentas.

El reporte tampoco equivale a una intimación, una sanción o el inicio automático de una inspección. ARCA recibe la información y puede cruzarla con los ingresos declarados, la facturación, la categoría del monotributo, las declaraciones juradas y los bienes registrados por el contribuyente.

Los bancos y las billeteras también pueden solicitar documentación por sus propios controles de seguridad y prevención del lavado de activos. Ese pedido puede aparecer antes de alcanzar los $50 millones cuando la operación no coincide con el perfil económico habitual del cliente.

En el caso de las billeteras virtuales, el régimen alcanza a las personas humanas cuyos ingresos, egresos o saldo final mensual sean iguales o superiores a $50 millones. Para las personas jurídicas, el umbral baja a $30 millones.

Las tres variables se analizan de manera independiente. Una billetera debe informar cuando ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:

La normativa toma la totalidad de las cuentas que una persona opera dentro de una misma plataforma. También incorpora los saldos invertidos en fondos comunes de inversión u otros instrumentos cuando el dinero se encuentra disponible desde la billetera.

El cálculo se realiza sobre los movimientos brutos. Una persona que recibe $30 millones, los transfiere y luego recibe otros $25 millones acumula ingresos por $55 millones, pese a que nunca haya mantenido esa cantidad completa en su cuenta.

Los ingresos y los egresos tampoco se compensan entre sí. Recibir $40 millones y enviar $20 millones no deja un movimiento neto de $20 millones a los efectos del régimen. La plataforma registra ingresos por $40 millones y egresos por $20 millones.

Cuando se alcanza alguno de los parámetros, la empresa informa la identificación del usuario, las cuentas asociadas, los saldos, los ingresos y los egresos correspondientes al período mensual.

La obligación recae sobre el banco, la billetera o la plataforma. El usuario no debe presentar una declaración especial únicamente por superar el umbral.

El régimen vigente exige identificar al titular, cotitular, apoderado o representante vinculado con cada cuenta. El reporte incluye nombre, nacionalidad, CUIT, CUIL o CDI, fecha de alta, cantidad de cuentas asociadas y código interno del cliente.

Las plataformas también informan los saldos visibles al cierre del mes y los movimientos que modificaron el dinero disponible. Entre ellos se encuentran las transferencias propias y a terceros, los pagos, los préstamos, los rendimientos de inversiones, las devoluciones, las operaciones con moneda extranjera y las comisiones.

Cuando una transferencia propia o a terceros supera los $2,5 millones, la billetera debe incorporar la CBU o CVU de origen o destino dentro del reporte del usuario alcanzado por el régimen. Ese importe surge del 5% del umbral de $50 millones. No constituye un segundo límite para transferir ni activa por sí solo el reporte general.

Los importes en dólares u otras monedas extranjeras se convierten a pesos mediante la cotización compradora del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes.

Las criptomonedas se convierten según el último valor comprador fijado por la plataforma al final del período. De esa manera, la tenencia de bitcoin, ether, stablecoins u otros activos digitales puede integrar el saldo utilizado para determinar si el usuario alcanzó el piso informativo.

Las entidades financieras se encuentran alcanzadas por un régimen diferente, que también utiliza los $50 millones como referencia para determinadas operaciones de personas humanas.

Los bancos deben informar las acreditaciones mensuales acumuladas cuando llegan a $50 millones. También reportan los saldos iguales o superiores a ese monto registrados al último día hábil del mes.

La normativa establece otros parámetros:

Para las personas jurídicas, el umbral general es de $30 millones en acreditaciones, saldos y plazos fijos.

Una transferencia enviada desde una cuenta bancaria no se computa como una acreditación en la cuenta de origen. El dinero sí aparece como una acreditación en la cuenta que lo recibe. Los bancos conservan además sus propios registros sobre egresos y pueden analizar la operación según el perfil del cliente.

El régimen de ARCA no prohíbe transferir una suma mayor. Existe un límite operativo estándar para las transferencias inmediatas que es independiente de los controles fiscales.

El Banco Central establece que las cuentas pueden realizar transferencias inmediatas en pesos por el equivalente a 15.000 Unidades de Valor Adquisitivo por día y por cuenta. El límite para dólares o euros es de 12.500 unidades de esas monedas.

El usuario puede pedir una ampliación temporal al banco para concretar una operación específica. La solicitud puede tramitarse en una sucursal o mediante los canales electrónicos habilitados por la entidad.

Los bancos y las billeteras también pueden fijar límites de seguridad dentro de sus aplicaciones. Esos topes pueden depender de la antigüedad de la cuenta, el dispositivo utilizado, la validación de identidad y los antecedentes de la operatoria.

Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago deben conocer la actividad económica de sus clientes y analizar si las operaciones guardan relación con su perfil.

Una transferencia elevada no presenta el mismo nivel de consistencia para una persona que declara ingresos mensuales de $800.000 que para alguien que vendió un inmueble, recibió una herencia o administra una empresa con movimientos millonarios.

El pedido de documentación puede producirse al recibir el dinero, al intentar retirarlo, al transferirlo a otra cuenta o durante una actualización periódica del legajo.

La solicitud tampoco depende exclusivamente del monto de $50 millones. Una entidad puede requerir comprobantes ante una cifra menor cuando detecta movimientos inusuales, ingresos sin una explicación aparente, numerosas transferencias de terceros o una diferencia considerable con la actividad declarada.

Las normas de prevención del lavado utilizan un enfoque basado en el riesgo. Los bancos y las billeteras pueden solicitar información sobre la actividad económica, los ingresos, el patrimonio y el origen de los fondos para comprender la operación.

La documentación depende de la procedencia de los fondos. Los comprobantes deben permitir reconstruir el motivo de la transferencia y vincular el dinero con quien lo recibe.

Para ingresos laborales pueden solicitarse:

Los trabajadores independientes, profesionales y monotributistas pueden presentar:

Cuando el dinero procede de la venta de un bien, pueden requerirse:

Para herencias, donaciones o acuerdos judiciales pueden servir:

En operaciones financieras pueden solicitarse:

Los préstamos pueden acreditarse mediante el contrato, el comprobante de desembolso y la identificación del prestamista. Las empresas pueden necesitar balances, declaraciones juradas, facturas, contratos comerciales y certificaciones contables.

Una certificación realizada por un contador público también puede respaldar el origen de los fondos cuando detalla los documentos examinados y la procedencia del dinero. La normativa de la UIF reconoce, entre otras alternativas, documentación bancaria, escrituras, comprobantes de venta de bienes y certificaciones profesionales.

El banco o la billetera analiza si la documentación coincide con el monto, las fechas, las personas involucradas y la actividad declarada por el cliente.

La entidad puede considerar justificada la operación, solicitar información adicional o actualizar el perfil económico de la cuenta. La ausencia de un documento específico no convierte por sí sola una transferencia en sospechosa: debe evaluarse junto con la operatoria del cliente y los demás factores de riesgo.

Cuando los movimientos carecen de una explicación consistente, la entidad puede aplicar controles reforzados y evaluar la presentación de un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera.

Ese procedimiento pertenece al sistema de prevención del lavado de activos y es diferente del régimen informativo mensual de ARCA. La superación de los $50 millones, por sí sola, no determina que exista una irregularidad.

La principal precaución consiste en conservar la documentación antes de mover el dinero. El comprobante de transferencia prueba que la operación ocurrió, aunque no siempre demuestra por qué se recibió la suma.

También conviene verificar que el concepto declarado, el contrato, la factura y el titular de la cuenta sean coherentes. Dividir una operación real en numerosas transferencias pequeñas no elimina los controles: las entidades analizan los movimientos acumulados y las operaciones vinculadas durante el mes.

Los fondos provenientes de una actividad comercial o profesional deben guardar relación con la facturación y las obligaciones tributarias correspondientes. El origen lícito del dinero y su correcta declaración fiscal son cuestiones diferentes que deben encontrarse respaldadas.

El piso de $50 millones determina cuándo bancos y billeteras deben remitir determinada información. La posibilidad de que pidan documentación depende del perfil del usuario, el origen del dinero y las características de cada operación.

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