Mar 23, 2026 2:12 PM
El Gobierno de Brasil decidió postergar una definición clave sobre los impuestos a las criptomonedas, en un movimiento que introduce incertidumbre regulatoria en uno de los mercados más relevantes de América Latina.
El nuevo ministro de Hacienda, Dario Durigan, optó por retrasar la consulta pública sobre un proyecto que buscaba aplicar un gravamen a determinadas operaciones con activos digitales.
La iniciativa analizaba la posibilidad de gravar transacciones cripto bajo el esquema del Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), un tributo que en Brasil se aplica habitualmente a operaciones de crédito, cambio y seguros. La decisión de postergar el debate se da pocos días después de la llegada de Durigan al cargo, tras la salida de Fernando Haddad, quien dejó su puesto para competir en la política regional.
Un impuesto que podría redefinir el tratamiento de las criptomonedas
El eje del proyecto giraba en torno a una reclasificación de ciertas operaciones con criptomonedas como si fueran transacciones de cambio de divisas. Este punto es central porque el IOF contempla alícuotas que varían según el tipo de operación, desde 0,38% en algunos ingresos de capital hasta 3,5% en compras en el exterior, remesas o pagos internacionales con tarjeta. Incluso, las transferencias destinadas a inversiones fuera del país pueden enfrentar una tasa del 1,1%.
De avanzar, la medida habría implicado un cambio significativo en la forma en que Brasil trata fiscalmente a los activos digitales, especialmente a las stablecoins. Estas criptomonedas, diseñadas para mantener paridad con monedas tradicionales, quedaron en el centro del debate por su posible encuadre como instrumentos equivalentes al dólar u otras divisas.
Rechazo del sector y tensiones legales
El proyecto encontró resistencia inmediata en la industria. Organizaciones como ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken y Zetta cuestionaron la legalidad de aplicar este impuesto a las criptomonedas.
En una posición conjunta, las entidades sostuvieron que las stablecoins no pueden ser consideradas moneda fiduciaria y, por lo tanto, no deberían ser tratadas como operaciones cambiarias mediante decretos o normas administrativas. Según su interpretación, avanzar en esa dirección podría entrar en conflicto con la legislación vigente, en particular con la ley de activos virtuales aprobada en 2022.
El trasfondo del debate se remonta a decisiones recientes del banco central brasileño, que incorporó parte de la actividad cripto, en especial la vinculada a stablecoins, dentro del marco regulatorio de operaciones de cambio. Ese encuadre abrió la puerta a que el Ministerio de Hacienda analizara la aplicación del IOF sobre estas transacciones.
Un contexto político que condiciona la agenda
La decisión de postergar la consulta también responde a un cálculo político. En un año electoral, el equipo económico busca priorizar medidas de menor fricción con el Congreso y evitar iniciativas que puedan escalar en conflicto institucional. En ese contexto, el tratamiento fiscal de las criptomonedas aparece como un tema sensible, con impacto tanto en el ecosistema tecnológico como en el sistema financiero tradicional.
Además del impuesto cripto, el Ministerio evalúa demorar otra propuesta vinculada a la eliminación de beneficios fiscales para ciertos instrumentos de inversión, lo que refuerza la estrategia de moderación en la agenda económica.
La pausa no implica un abandono definitivo del proyecto, pero sí marca un compás de espera en un debate que combina regulación, recaudación y desarrollo del sector. Mientras tanto, el mercado sigue de cerca los próximos pasos de Brasil, consciente de que cualquier cambio en su marco fiscal puede influir en el posicionamiento regional de la industria cripto.
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