CLARITY Act entra en cuenta regresiva: el Senado busca votarla antes del 7 de agosto

El avance de la CLARITY Act en el Senado sumó un nuevo impulso luego de que el presidente Donald Trump aceptara incorporar una disposición ética al proyecto, en un acuerdo alcanzado el 20 de julio.

La cláusula limita la posibilidad de que funcionarios federales obtengan beneficios de activos digitales vinculados a sus propios intereses y busca destrabar uno de los principales obstáculos políticos de la iniciativa, vinculados a las participaciones cripto asociadas a la familia Trump y a World Liberty Financial.

La propuesta fue enviada a senadores republicanos para revisión final y permitió reactivar las negociaciones en el Senado, aunque todavía quedan discusiones sobre otros puntos del proyecto y sobre la posibilidad de alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar.

El borrador unificado del Senado podría publicarse en los próximos días, según las oficinas del presidente del comité bancario Tim Scott y las senadoras Cynthia Lummis y otros negociadores involucrados. El voto pleno continúa previsto antes del receso legislativo de agosto, con una ventana estimada entre fines de julio y la primera semana de agosto. Compass Point mantiene la expectativa de que la votación pueda producirse antes del 30 de julio.

La Casa Blanca mantiene la presión para cerrar el acuerdo y el asesor cripto Patrick Witt postergó compromisos militares para continuar participando en las negociaciones. Sin embargo, la aprobación todavía depende de sumar apoyo demócrata, ya que el Senado requiere una mayoría de 60 votos para superar posibles bloqueos legislativos.

La ley establecería una división más clara de competencias entre la SEC y la CFTC, definiría el tratamiento regulatorio de activos como bitcoin, ethereum y otros tokens, y crearía un marco federal para exchanges, stablecoins y sectores vinculados a DeFi.

Una aprobación antes del receso de agosto representaría un cambio importante para la industria cripto estadounidense, mientras que un retraso podría trasladar la discusión hacia 2027 debido al calendario electoral y legislativo. Las probabilidades de aprobación siguen reflejando una negociación abierta, aunque el acuerdo sobre ética redujo uno de los principales puntos de conflicto.

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