El CEO de Ripple reafirmó su apoyo a la Ley Cripto mientras el Senado acelera su tratamiento

El proyecto de Ley CLARITY volvió a ubicarse en el centro de la discusión cripto en Estados Unidos tras conocerse el respaldo explícito de Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, y los mensajes de optimismo enviados desde la Casa Blanca. Ambos planteos refuerzan la idea de que el avance regulatorio, aun con sus imperfecciones, resulta clave para impulsar la industria de los activos digitales.

Garlinghouse defendió el tratamiento de la iniciativa aun cuando reconoció reparos sobre algunos de sus artículos. En su visión, la prioridad radica en establecer reglas claras que permitan reducir la incertidumbre y fomentar la innovación. El ejecutivo sostuvo que la búsqueda de un texto perfecto podría frenar un proceso que el sector necesita con urgencia, y destacó que un marco pragmático resultaría más beneficioso que la prolongación del vacío regulatorio.

El directivo de Ripple también se mostró optimista sobre la evolución del mercado y afirmó que las criptomonedas alcanzarán nuevos máximos históricos este año. Esa proyección se sumó al debate sobre el verdadero impacto de la ley en los distintos activos digitales, ya que algunos analistas consideran que la norma no alterará de forma directa la situación de tokens específicos como XRP.

Las palabras de Garlinghouse se contraponen con lo expuesto por otro actor importante del sector, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, que días atrás decidió retirar su apoyo al proyecto de ley, tal y como se encontraba el texto en ese momento. 

Según Armstrong, la normativa contiene disposiciones problemáticas (por ejemplo, restricciones a ciertas actividades como DeFi, tokenized equities o recompensas de stablecoins) y señaló que preferiría que no se apruebe nada antes que una mala ley.

Desde el ámbito gubernamental, el mensaje fue en la misma dirección. David Sacks, asesor de la Casa Blanca en materia cripto, señaló que la aprobación de una ley de estructura de mercado abrirá la puerta para una participación plena de los bancos en el ecosistema digital. Según su análisis, la separación entre finanzas tradicionales y criptomonedas perderá sentido y dará lugar a una industria unificada de activos digitales.

Sacks remarcó que las reglas deben aplicarse de forma equitativa a productos equivalentes, independientemente del actor que los ofrezca. Bajo ese enfoque, anticipó que la postura del sistema bancario evolucionará con el tiempo, incluso en temas sensibles como el pago de rendimientos vinculados a stablecoins, a medida que estas entidades se integren al negocio.

El funcionario defendió la lógica del consenso como vía para que la ley llegue al despacho presidencial y recordó que otros proyectos clave atravesaron múltiples intentos fallidos antes de convertirse en ley. También relativizó las tensiones en torno al rendimiento de las stablecoins, al señalar que existen mecanismos vigentes que permiten recompensas a través de proveedores externos, aun cuando se impongan límites a los emisores directos.

En ese contexto, el debate sobre la Ley CLARITY aparece menos como una discusión técnica puntual y más como una definición estratégica. Para sus impulsores, la claridad normativa representa un objetivo superior a cualquier diferencia específica, con la expectativa de sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento e integración del mercado cripto en Estados Unidos.

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