Emiratos Árabes Unidos impulsa la minería de Bitcoin como política de Estado

Emiratos Árabes Unidos aparece cada vez con mayor claridad entre los países que respaldan de forma activa la minería de bitcoin. Lejos de tratarla como una actividad marginal o exclusivamente privada, el país optó por un enfoque directo que combina recursos energéticos abundantes, participación estatal y un marco regulatorio específico.

El debate volvió a cobrar visibilidad tras comentarios del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien señaló que la participación emiratí en la minería de bitcoin no es reciente. Esa afirmación reforzó la idea de que el país lleva tiempo desarrollando operaciones vinculadas al sector, aunque con un perfil reservado.

Datos revelados por la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence indican que, hacia agosto de 2025, Emiratos Árabes Unidos había acumulado entre 6.300 y 6.450 bitcoins a través de actividades de minería asociadas al Estado. En ese momento, esas tenencias rondaban los 700 millones de dólares. Las operaciones se habrían canalizado mediante Citadel Mining y se apoyaron, en gran medida, en las reservas de gas natural del país.

Desde el plano federal, la minería de bitcoin se considera infraestructura crítica, al mismo nivel que los centros de datos, las redes de telecomunicaciones y los proyectos energéticos. 

Sin embargo, el respaldo oficial no implica una carta blanca. En septiembre de 2025, las autoridades de Abu Dhabi prohibieron la minería de criptomonedas en tierras agrícolas, con el objetivo de proteger la eficiencia energética y el uso del suelo. Las sanciones previstas alcanzan los 100.000 dirhams –unos 27.000 dólares estadounidenses– para quienes incumplan la norma.

La estrategia emiratí se inscribe en una tendencia global más amplia. Varios gobiernos comenzaron a integrar la minería de bitcoin en sus planes económicos y energéticos. El Salvador, pese a retirar el estatus de moneda de curso legal al bitcoin en 2025, mantiene reservas superiores a los 7.500 BTC y obtuvo casi 500 unidades mediante minería geotérmica. Bután, por su parte, reveló que extrae bitcoin desde 2018 con energía hidroeléctrica, con ingresos destinados a servicios públicos y salarios estatales.

Otros países avanzaron por caminos similares. Etiopía aprovechó excedentes hidroeléctricos en acuerdos con mineras internacionales, mientras Irán legalizó la minería controlada por el Estado como fuente de ingresos en un contexto de sanciones, aunque con interrupciones durante picos de consumo energético. Japón lanzó iniciativas con respaldo gubernamental para estabilizar la red eléctrica, y regiones de Siberia en Rusia utilizaron energía hidroeléctrica para operaciones vinculadas a empresas estatales, pese a restricciones locales.

Incluso Francia evalúa proyectos para canalizar excedentes de energía nuclear hacia la minería de bitcoin. Con más del 70% de su electricidad proveniente de reactores nucleares, estimaciones preliminares sugieren que una fracción de esa capacidad podría generar ingresos significativos, aunque las propuestas aún se encuentran en etapa inicial.

En conjunto, el caso de Emiratos Árabes Unidos refleja un cambio de enfoque. Cada vez más gobiernos dejan de ver la minería de bitcoin solo como un desafío regulatorio y la incorporan como una herramienta estratégica vinculada a la política energética, el desarrollo de infraestructura y la planificación económica de largo plazo.

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