España: Hacienda prepara nuevos controles fiscales para criptomonedas. ¿Cómo afectan a los usuarios?

España avanza hacia un esquema más estricto de control fiscal sobre el mercado de criptoactivos. El Ministerio de Hacienda trabaja en nuevas obligaciones informativas que exigirán a los exchanges reportar a la Agencia Tributaria datos sobre saldos y operaciones de sus usuarios.

La normativa está prevista para aplicarse a partir de enero de 2027 y forma parte de un proceso más amplio de adaptación a las nuevas reglas europeas de intercambio de información fiscal sobre activos digitales. El objetivo es mejorar la capacidad del Estado para supervisar las inversiones en criptomonedas realizadas por particulares y empresas.

Además de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin o Ethereum, el nuevo esquema contempla la inclusión de otros tipos de activos digitales, como stablecoins vinculadas al euro o al dólar y tokens asociados a activos financieros o materias primas.

La reforma incorpora varios modelos informativos que deberán presentar las empresas del sector ante la Agencia Tributaria.

Uno de ellos es el modelo 042, destinado a registrar a las compañías en el Registro de Operadores de Criptoactivos. Este trámite será obligatorio para las plataformas que ofrezcan servicios relacionados con la inversión en criptomonedas.

Otro documento será el modelo 172, que permitirá comunicar los saldos de los clientes al cierre de cada año fiscal. El reporte incluirá tanto a usuarios particulares como a empresas.

El tercer formulario será el modelo 175, enfocado en detallar las operaciones de compra y venta de criptoactivos realizadas durante el ejercicio correspondiente.

Con este sistema de reportes, la Agencia Tributaria podrá acceder a información más completa sobre las inversiones en activos digitales y cruzarla con las declaraciones fiscales de los contribuyentes. Según el Gabinete Asesor Fernández (GAF), las operaciones realizadas durante 2026 deberían reportarse en enero de 2027 si el calendario previsto se mantiene.

La reforma también prevé modificaciones en el modelo 721, utilizado para declarar criptomonedas custodiadas en el extranjero cuando su valor supera los 50.000 euros. Con los cambios propuestos, el alcance de esta declaración se ampliaría para incluir otros activos digitales.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la expansión del concepto de activos sujetos a supervisión fiscal.

La intención del Ministerio de Hacienda es que la normativa abarque no solo criptomonedas, sino también stablecoins vinculadas a monedas oficiales y tokens asociados a otros activos financieros. De esta forma, el marco regulatorio busca adaptarse a la creciente diversidad del ecosistema digital.

Desde GAF señalaron que, con esta ampliación, el control fiscal se extendería más allá de las criptomonedas tradicionales para incluir otros instrumentos digitales. Sin embargo, la ley que obligará a las empresas del sector a remitir estos datos todavía permanece bloqueada en el Congreso.

El proyecto forma parte de la adaptación de España a la directiva europea conocida como DAC8, que establece nuevas reglas para el intercambio de información fiscal entre países de la Unión Europea en materia de criptoactivos.

La tramitación legislativa ha abierto un debate político más amplio sobre el sistema tributario. Hasta el momento se han presentado alrededor de 70 enmiendas por parte de distintos grupos parlamentarios.

Entre las propuestas, el Partido Popular plantea ajustar los tramos del IRPF a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Por su parte, Sumar propuso que las empresas tributen un 30% por las ganancias obtenidas con criptoactivos.

Según el comunicado citado por El Economista, la iniciativa busca alinear la tributación de estas ganancias con el gravamen general del Impuesto sobre Sociedades y evitar tratamientos fiscales considerados ventajosos.

Estas discusiones ampliaron el alcance del proyecto legislativo, que ya no se limita exclusivamente a la regulación del sector cripto.

El endurecimiento de las obligaciones informativas refleja la creciente atención que los gobiernos europeos prestan al mercado de activos digitales. La posibilidad de que los exchanges reporten datos de usuarios permitiría a las autoridades fiscales mejorar el seguimiento de las operaciones realizadas con criptomonedas.

Aunque el calendario apunta a una implementación en 2027, la normativa todavía debe superar el proceso legislativo en el Congreso. El resultado de ese debate definirá el alcance final de las obligaciones para empresas y usuarios del ecosistema cripto en España.

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