Estados Unidos trasladó fondos incautados a una cuenta en Coinbase y sumó más bitcoin a su reserva estratégica

El gobierno de Estados Unidos realizó una nueva transferencia de bitcoin incautado hacia una dirección vinculada a Coinbase Prime. 

El movimiento, asociado a fondos decomisados en una causa vinculada a Glenn Olivio, se produjo en un momento en el que el Estado estadounidense ya concentra cerca de 328.371,99 BTC, una tenencia valuada en alrededor de USD 22.450 millones, según datos atribuidos a Arkham Intelligence.

A diferencia de años anteriores, cuando estos fondos solían terminar en subastas, ahora la administración estadounidense busca retener parte de esos bitcoins dentro de su reserva estratégica, en línea con el cambio de postura política que tomó fuerza durante el último año.

De acuerdo con la información difundida, el traslado más reciente involucró unos 2438 BTC valuados en cerca de USD 177.000, enviados en dos transferencias separadas hacia una cuenta similar a otras utilizadas anteriormente por Coinbase. El caso recuerda movimientos previos detectados en fondos asociados a expedientes de alto perfil, entre ellos los vinculados con Ross Ulbricht, creador de Silk Road.

El movimiento relacionado con Olivio, cuando el gobierno estadounidense realizó su primera transacción en blockchain de 2026 con fondos identificados como “Miguel Villanueva Seized Funds”. En ese caso, se trató de aproximadamente 0,3348143 BTC, distribuidos en tres transferencias separadas, con un valor estimado cercano a USD 22.876,55 al precio de ese momento.

Según la información disponible, no trascendieron detalles oficiales sobre Villanueva ni sobre el motivo del decomiso. Esa falta de precisiones volvió a alimentar el debate sobre la transparencia en el manejo estatal de criptomonedas confiscadas, sobre todo después de que el investigador ZachXBT afirmara que USD 40 millones en criptoactivos habrían sido retirados de billeteras de decomiso controladas por el gobierno. En esa denuncia, además, vinculó a un administrador de decomisos digitales con la persona que habría estado detrás del hecho.

En paralelo, también se recordaron otros antecedentes recientes. Uno de ellos fue el traslado de 57,55 BTC a Coinbase Prime el 3 de noviembre de 2025. Otro, de mayor volumen, ocurrió el 14 de octubre del año pasado, cuando se registró un decomiso de 1320,24 BTC relacionado con billeteras identificadas como “Potapenko/Turogin Forfeited Funds”. La repetición de este tipo de movimientos refuerza la idea de que el gobierno no solo mantiene una gran posición en bitcoin, sino que además sigue ordenando y consolidando ese stock bajo custodia federal.

El trasfondo de estas operaciones excede lo técnico. Diversos analistas interpretaron que este esquema responde a la Reserva Estratégica de Bitcoin impulsada por el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva firmada en 2025. Bajo esa lógica, el Estado dejaría de vender los BTC decomisados y empezaría a incorporarlos como parte de una reserva nacional de valor.

En esa línea se pronunciaron también funcionarios de la administración. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el gobierno frenará las ventas de bitcoin incautado y que, en cambio, esos fondos pasarán a integrar la Strategic Bitcoin Reserve una vez concluidos los procesos judiciales correspondientes. La definición marca un cambio fuerte frente a la política histórica de liquidar estos activos a través de remates.

Según sus declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos, la decisión forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la innovación en activos digitales dentro de Estados Unidos, aunque bajo control y custodia federal. El mensaje también apareció en medio de cuestionamientos por la gestión oficial de criptomonedas decomisadas en expedientes sensibles, incluidos casos vinculados a los desarrolladores de Tornado Cash y Samourai Wallet.

En cuanto al caso de Glenn Olivio, la información citada indica que los fondos estarían ligados a Glenn Bradford Olivio, arrestado en mayo de 2025 junto con Dana Rene Light. Ambos enfrentan cargos por conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, además de acusaciones por lavado de dinero, robo agravado de identidad y posesión de drogas. La última actualización pública del expediente, según se indicó, fue en junio del año pasado, cuando el gobierno incluyó una notificación de decomiso en la acusación formal.

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