Tras USD 840M en hackeos, el Congreso de EE.UU. impulsa un nuevo task force cripto

El equipo cripto del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, creado en 2022 para perseguir fraudes, hackeos y lavado de dinero con activos digitales, fue disuelto como parte de una reorganización interna en 2025 que priorizó otras unidades investigativas.

La decisión generó críticas desde el sector: en lo que va de 2026, los hackeos a protocolos DeFi y puentes cross-chain acumulan pérdidas superiores a USD 840 millones, según datos consolidados de múltiples incidentes del primer semestre, sin una estructura federal dedicada a investigarlos de manera coordinada.

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense recibió el 11 de junio un proyecto de ley bipartidista para reconstruir esa capacidad. El proyecto no incluye regulación de mercados de activos digitales, sino que apunta a restaurar la coordinación federal para investigar hackeos, rastrear fondos robados en blockchain y asistir a víctimas de fraudes.

El proyecto crea un task force interagencial que incluye al DOJ, el FBI y el Tesoro de EE.UU. Su objetivo es coordinar investigaciones de hackeos, rastrear flujos de fondos ilícitos en blockchain y establecer protocolos de asistencia a víctimas. El texto excluye expresamente cualquier competencia regulatoria sobre mercados de activos digitales, para evitar superposición con los marcos que ya discuten la SEC y la CFTC bajo el paraguas de la CLARITY Act.

Este diseño deliberado busca separar la persecución del crimen cripto de la regulación de mercados, dos ejes que en debates anteriores generaron bloqueos legislativos. El carácter bipartidista del proyecto aumenta sus chances de avanzar en el Senado en un año donde la colaboración entre partidos en materia cripto ha sido escasa.

Una mayor capacidad de investigación federal tiene dos efectos sobre el mercado. En el corto plazo, aumenta la presión sobre protocolos de lavado de dinero y bridges mal auditados, lo que puede afectar la liquidez de algunos tokens de menor capitalización vinculados a esas plataformas. En el mediano plazo, la percepción de un entorno más seguro con mayor protección legal puede atraer capital institucional que hoy descarta el mercado cripto por riesgo de seguridad y ausencia de mecanismos de recuperación ante hackeos.

El proyecto aún no tiene fecha de votación confirmada, pero su carácter bipartidista lo posiciona como uno de los pocos proyectos cripto con posibilidad real de avanzar en el Congreso antes del cierre del año legislativo 2026.

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