El bloque parlamentario Sumar abrió un debate inesperado en el ecosistema cripto español. El grupo presentó en el Congreso una serie de enmiendas que buscan elevar la carga impositiva sobre Bitcoin, Ethereum, XRP y otros activos digitales, al tiempo que introduce nuevas obligaciones para plataformas y usuarios.
La iniciativa aparece en un momento en el que España avanza en la implementación del marco MiCA y endurece los controles sobre transacciones con criptomonedas.
La propuesta generó rechazo inmediato entre especialistas fiscales, abogados y referentes del sector, que advierten que los cambios podrían ser impracticables y profundizar la confusión regulatoria que ya enfrenta el país.
Cambios en impuestos y un “semáforo de riesgo” obligatorio
Sumar pretende introducir modificaciones en tres leyes clave: la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF y la Ley de Sucesiones y Donaciones. El cambio central apunta a que las ganancias derivadas de criptoactivos dejen de tributar bajo la base del ahorro, donde la carga llega al 30%, para pasar a la base general del impuesto sobre la renta, que puede alcanzar el 47% en los tramos más altos. En el caso de empresas, la reforma establece un tipo fijo del 30% sobre los beneficios ligados a operaciones con criptomonedas.
Además, las enmiendas ordenan a la CNMV implementar un sistema visual de advertencia que clasifique a los activos digitales con un “semáforo de riesgo”. El objetivo es mostrar si un token está registrado, supervisado, respaldado por reservas o si presenta riesgos de liquidez. La indicación sería obligatoria en todas las plataformas de inversión del país.
El proyecto sostiene que no existe motivo para diferenciar entre activos regulados y no regulados en materia de embargo y fiscalización, ya que ambos representan valor digital transmisible y susceptible de incautación bajo criterios tradicionales de titularidad y disponibilidad.
Críticas de economistas y abogados: “Inaplicable” y “caótico”
Las reacciones no tardaron en llegar. El asesor fiscal José Antonio Bravo Mateu calificó la propuesta como un ataque inútil contra Bitcoin y señaló que los activos en autocustodia no pueden ser incautados mediante los procesos convencionales, lo que dejaría al Estado sin herramientas reales para ejecutar las medidas.
Según explicó, estas políticas solo empujarían a los tenedores españoles a buscar alternativas fuera del país cuando el precio de BTC repunte.
La abogada especializada Chris Carrascosa coincidió en que el enfoque es inviable, especialmente porque activos no regulados por MiCA como USDT no cuentan con custodios centralizados autorizados. Sin una entidad responsable del resguardo, las autoridades no tendrían mecanismos efectivos para aplicar órdenes de embargo.
Carrascosa advirtió que aprobar las enmiendas derivaría en un caos fiscal, ya que España ya opera con normas complejas y exigentes en materia tributaria. También mencionó que estas medidas podrían complicar la actividad de los proveedores de servicios cripto, quienes serían los encargados finales de ejecutar bloqueos o retenciones.
En paralelo, inspectores de Hacienda presentaron una propuesta alternativa para dar a Bitcoin un tratamiento fiscal diferente al del resto de activos digitales, lo que muestra que el debate está lejos de cerrarse.
Un país que endurece el control sobre los criptoactivos
El empuje regulatorio no es nuevo. Durante el último año, España reforzó sus leyes de supervisión e incorporó nuevas obligaciones de reporte para personas físicas y plataformas.
Los usuarios deben informar saldos, transacciones y tenencias, mientras que los exchanges tienen que comunicar operaciones al Banco de España y a la CNMV. El objetivo es frenar la evasión fiscal y el fraude, en línea con el marco europeo MiCA.
El endurecimiento de la vigilancia ocurre mientras las autoridades investigan fraudes vinculados con criptomonedas. A comienzos de noviembre, la policía española detuvo a un hombre acusado de liderar una estafa internacional de 260 millones de euros relacionada con inversiones en cripto, oro, inmuebles, vehículos de lujo y arte digital. Según el Ministerio del Interior, el esquema atrajo a más de 3000 personas en países como Portugal, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia.
En este contexto de mayor presión regulatoria, las propuestas de Sumar prometen profundizar un debate que ya divide al sector entre quienes reclaman reglas claras y quienes advierten que España corre el riesgo de frenar la innovación a través de políticas fiscales poco realistas.
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