
El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo provisional sobre partes de un paquete de medidas contra el blanqueo de capitales (AML) que exigiría a las criptoempresas cumplir requisitos más estrictos de diligencia debida.
En una declaración, el Consejo Europeo dijo que las nuevas normas cubrirán "la mayor parte del sector de las criptomonedas", exigiendo a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que lleven a cabo la diligencia debida con los clientes que realicen transacciones de 1.000 euros o más. Las normas también incluyen medidas para "mitigar los riesgos en relación con las transacciones con monederos autoalojados", según el anuncio.
Como parte de las normas, también se exigirá a los proveedores de servicios de pago automatizado que apliquen una diligencia debida reforzada a las relaciones transfronterizas de corresponsalía.
Otra disposición establece un límite máximo en toda la UE de 10.000 euros para los pagos en efectivo, lo que, según el Consejo, "dificultará a los delincuentes el blanqueo de dinero negro". También se exigirá a las empresas que identifiquen y verifiquen la identidad de las personas que realicen transacciones ocasionales en efectivo de entre 3.000 y 10.000 euros.
El acuerdo se ultimará ahora y se presentará al Parlamento Europeo para su aprobación. "Si se aprueba, el Consejo y el Parlamento tendrán que adoptar formalmente los textos antes de que se publiquen en el Diario Oficial de la UE y entren en vigor", rezaba el comunicado.
El acuerdo provisional forma parte de la sexta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales y del reglamento sobre el código normativo único de la UE. Luděk Niedermayer, eurodiputado principal de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, declaró: "Vamos a colmar la plétora de lagunas que existen y que facilitan demasiado la vida a los blanqueadores de dinero". Y añadió: "En la era digital también debemos asegurarnos de que los datos estén disponibles rápidamente y puedan procesarse con eficacia."
El año pasado, la UE aprobó la legislación sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), un marco jurídico de amplio alcance que impone un enfoque unificado a la regulación de los criptoactivos en los 27 Estados miembros. Entre sus disposiciones, la MiCA establece reglas claras para los CASP, exigiéndoles que se adhieran a normas comunes en materia de seguridad y protección contra el blanqueo de capitales.
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