Un grupo de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley bipartidista que busca crear una fuerza federal dedicada a combatir las estafas vinculadas a las criptomonedas.
La iniciativa, denominada SAFE Crypto Act, fue impulsada por Elissa Slotkin, del Partido Demócrata, y Jerry Moran, del Partido Republicano, y apunta a reforzar la coordinación frente a un fenómeno que crece al ritmo de la adopción de los activos digitales.
El texto establece que el Departamento del Tesoro deberá conformar la fuerza de trabajo dentro de los 180 días posteriores a la aprobación de la ley. El organismo estará integrado por funcionarios públicos y representantes del sector privado, incluidos exchanges y empresas especializadas en inteligencia blockchain.
La senadora Slotkin comunicó la presentación de la iniciativa a través de su cuenta en la red social X, destacando la necesidad de proteger a los ciudadanos norteamericanos ante posibles estafas en cualquier industria pero sobre todo en el sector cripto.
“Es fundamental que protejamos a los estadounidenses contra las estafas en todos los sectores, pero especialmente en el de las criptomonedas. Para ello, lo primero es dotar a las fuerzas del orden locales de las herramientas que necesitan, y nuestro proyecto de ley recurre a todos los recursos de que disponemos para combatir el fraude en los activos digitales”, señaló la senadora demócrata en su posteo.
La propuesta define cinco ejes de acción centrales: detección y prevención de estafas, coordinación entre sectores, recopilación de información de múltiples actores, intercambio sistemático de datos y recuperación y decomiso de activos. Para avanzar en estos objetivos, la fuerza deberá reunirse al menos tres veces por año.
Entre sus tareas figuran la identificación de los métodos más utilizados para defraudar a usuarios, el diseño de estrategias preventivas, la elaboración de planes de educación pública, la articulación de esfuerzos entre agencias de seguridad y la cooperación con gobiernos extranjeros.
El proyecto también exige que, dentro del primer año de funcionamiento, el grupo presente un informe detallado sobre su trabajo. Ese documento deberá incluir recomendaciones para eventuales cambios regulatorios o nuevas leyes que fortalezcan la respuesta frente al fraude cripto.
Desde el sector privado, Ari Redbord, vicepresidente y responsable global de políticas de TRM Labs, valoró el proyecto como un paso clave. Señaló que el combate a las estafas requiere algo más que el intercambio de información y demanda acciones conjuntas entre el Estado y la industria. Según sus estimaciones, desde 2023 se habrían robado más de 53.000 millones de dólares a nivel global mediante estafas y delitos facilitados por criptoactivos.
Aunque el proyecto podría representar apenas el inicio de un proceso más amplio, sus ideólogos consideran que sienta las bases para una respuesta más estructurada.
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