La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción esta semana a una serie de oportunidades fiscales de criptomoneda para los ciudadanos que posean activos no declarados en países extranjeros como parte de la reintroducción de la "ley Bases."
El proyecto de ley, que había sido descartado en febrero, ahora ha sido reintroducido y aprobado por la cámara baja y se espera que sea discutido por el Senado en los próximos días.
Argentina podría presentar una nueva oportunidad para que los ciudadanos regularicen criptomonedas y otros activos en el extranjero no declarados anteriormente.
Regularización de criptoactivos
El proyecto de ley introduce la posibilidad de regularizar activos en criptodivisas no declarados anteriormente por hasta 100.000 dólares sin pagar la tasa impuesta por el gobierno. Sin embargo, si el valor de los activos de criptodivisas supera esta cifra, el Gobierno aplicará tipos preferentes en función de la fecha de la declaración de los contribuyentes interesados.
Por ejemplo, si los activos se declaran antes de septiembre, los contribuyentes sólo pagarán el 5% por la cantidad que supere los 100.000 dólares. Este porcentaje se eleva al 10% si los activos de criptomoneda se declaran entre octubre y diciembre. Por último, si los activos se presentan durante el primer trimestre de 2025, los contribuyentes deberán pagar el 15%. Los pagos deben calcularse y realizarse en dólares estadounidenses.
Esta propuesta formaba parte de la "ley Bases" original presentada al Congreso argentino a principios de año por el Presidente Milei. Sin embargo, el capítulo fiscal de la ley fue descartado debido a sus implicaciones y a la intención del gobierno de sacarla adelante rápidamente.
Sin embargo, esto no fue posible. El proyecto de ley de Milei fue rechazado por la Cámara de Diputados en febrero, echando por tierra semanas de negociaciones. En aquel momento, Milei calificó a los diputados opositores de "traidores". Sin embargo, el proyecto de ley se ha vuelto a presentar recientemente y podría aprobarse en los próximos días.
El proyecto pasará ahora al Senado argentino, que deberá votar y decidir si la ley se sanciona o debe modificarse.
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