Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial: qué postura cripto tienen los 2 candidatos

Colombia celebra su segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026, con Abelardo de la Espriella (candidato de la derecha democrática) y el senador Iván Cepeda (candidato de la izquierda progresista) como los dos contendientes. 

Para los aproximadamente 5 millones de usuarios de criptomonedas en Colombia, esta elección no es solo política: define el tono del próximo gobierno sobre regulación de activos digitales, el avance o frenado del proyecto de ley de activos digitales que lleva meses en el Congreso, y la relación entre la Superintendencia Financiera, la DIAN y el ecosistema cripto local. 

De la Espriella, representante de una derecha favorable al libre mercado y a la reducción de la intervención estatal, no ha hecho de las criptomonedas un tema central de campaña, pero su plataforma económica incluye la atracción de inversión extranjera directa, la simplificación regulatoria y el apoyo a la innovación fintech. 

Analistas del sector cripto colombiano interpretan que un gobierno de De la Espriella favorecería un marco regulatorio más permisivo para las plataformas de intercambio, avanzaría en la aprobación del proyecto de ley de activos digitales con mínima intervención estatal, y mantendría a la Superintendencia Financiera en un rol de supervisión sin hostilidad hacia el ecosistema. La clave sería si aceleraría la legislación pendiente o la dejaría avanzar a ritmo propio del Congreso.

Cepeda, senador históricamente identificado con posiciones críticas hacia el capitalismo financiero y favorable a mayor intervención del Estado en los mercados, ha planteado en sus posiciones públicas una mayor vigilancia sobre los flujos de capital no rastreado. En el contexto cripto, eso puede traducirse en regulación más estricta de exchanges, mayores exigencias de KYC y AML a las plataformas bajo el Registro PSAV de la Superfinanciera, y un avance más cauteloso del proyecto de ley de activos digitales. 

No hay declaraciones explícitas de Cepeda rechazando las criptomonedas, pero su postura histórica sobre la trazabilidad financiera sugiere que priorizaría el control fiscal sobre la facilitación del ecosistema. Para los usuarios de plataformas como Buda.com, la pregunta clave es si el nuevo gobierno endurecería las exigencias de reporte a la DIAN.

El Congreso de Colombia lleva en debate desde 2025 un proyecto de ley de activos digitales que busca dotar a la Superintendencia Financiera de un marco explícito para supervisar exchanges, wallets y emisores de tokens. La ley definiría categorías de activos (similares a la distinción commodity/security de EE.UU. o a la clasificación MiCA en la UE), establecería un régimen sancionatorio, y clarificaría la responsabilidad fiscal ante la DIAN. El resultado de la segunda vuelta determinará si ese proyecto avanza con impulso gubernamental o queda relegado en el Congreso.

Los usuarios cripto colombianos no necesitan esperar la elección para cumplir con sus obligaciones actuales: la DIAN ya exige declarar criptomonedas en la renta anual bajo el concepto de ganancias ocasionales (tarifa del 15% sobre las ganancias realizadas), independientemente de quién gobierne. 

Lo que cambia con la elección es el entorno del mercado local: 

En ambos casos, los 5 millones de usuarios mantienen sus derechos de operar con plataformas registradas y de declarar sus activos digitales como parte de su patrimonio.

Colombia sigue siendo el quinto mercado cripto de América Latina en volumen de adopción, con una base de usuarios jóvenes (18-35 años) que lidera el crecimiento de la región según datos de Chainalysis 2025. La segunda vuelta del 21 de junio será, también, un dato a seguir para el ecosistema cripto regional.

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