El Salvador aprovechó el derrumbe de Bitcoin y anunció su compra más grande del año

El Salvador reveló la adquisición de más de 1000 BTC en una sola operación, en lo que constituyó su mayor compra del año. El movimiento, valuado en unos 100 millones de dólares, coincidió con la abrupta caída del precio de bitcoin por debajo de los 90.000 dólares.

Ahora, las reservas reportadas por el gobierno salvadoreño llegaron a los 7.474 BTC, uno de los niveles más altos desde que el país convirtió a bitcoin en activo estratégico.

La maniobra fue difundida por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de la red social X (ex twitter) y reafirmó su decisión de sostener un esquema de acumulación constante. Su posición contrasta con las obligaciones incluidas en el acuerdo de 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que establece que el sector público salvadoreño no debe ampliar su exposición a la criptomoneda. A esto se suman declaraciones previas de funcionarios que indicaron que no se registraban compras desde febrero.

Un informe posterior del FMI señaló que las variaciones en las reservas podrían responder a reorganizaciones internas entre billeteras estatales y no necesariamente a nuevas adquisiciones. Sin embargo, la Oficina de Bitcoin del país insiste en que existen operaciones reales y apunta a datos en cadena para respaldarlo.

El anuncio aparece además en un contexto de mayor coordinación con Estados Unidos en materia de activos digitales. A comienzos de este año, Bukele mantuvo un encuentro con Bo Hines, exdirector ejecutivo del Consejo Presidencial de Asesores para Activos Digitales de la Casa Blanca, con el objetivo de intercambiar visiones sobre regulación y adopción tecnológica.

A escala regional, El Salvador continúa impulsando su influencia. En julio, el Banco Central de Bolivia firmó un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional de Activos Digitales salvadoreña. El acuerdo busca facilitar el intercambio de conocimientos técnicos, desde análisis de blockchain hasta herramientas de evaluación de riesgos, en un momento en el que Bolivia intenta consolidar un marco normativo. Para El Salvador, este pacto refuerza su posición como referente latinoamericano en políticas cripto y aprovecha su experiencia acumulada en regulación, compras y minería de bitcoin.

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