Qué pasó con el Petro, la criptomoneda venezolana

A finales de 2017, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció la creación de esta criptomoneda estatal, respaldada por las vastas reservas petroleras del país y sus recursos minerales.

Ante las restricciones impuestas por las sanciones de Washington, el petro iba a permitir nuevas formas de financiamiento internacional, según prometía el mandatario.

Tasada por Venezuela en 60 dólares por unidad, el valor de un barril de crudo venezolano en aquel momento, la criptomoneda fue lanzada en 2018, pero retrasos por problemas en la blockchain dispararon las dudas, que rodearon al plan desde el inicio.

Aunque Maduro al principio calificó la iniciativa como "un éxito", su uso no despegó, fue escaso y estuvo básicamente restringido a operaciones con el Estado, como el pago de impuestos.

De esa manera, el petro funcionó en la práctica como una referencia de valor en medio de la inflación y la constante depreciación del bolívar.

El Petro se intercambiaba y funcionaba desde la Plataforma Patria, donde los usuarios recibían transferencias y podían canjear la criptomoneda a bolívares a través de un sistema de subastas, el único disponible.

Sin embargo, luego de la pandemia, y básicamente por la mano negra de la corrupción, además de su poco uso, el Petro fracasó y en marzo de 2023, fueron suspendidas todas las operaciones que se realizaban con la criptomoneda. 

"Muere oficialmente el petro (PTR)", publicó el miércoles pasado en la red social X la plataforma privada de criptoactivos CryptoLand Venezuela. "La junta reestructuradora de la SUNACRIP (la estatal Superintendencia Nacional de Criptoactivos) decide apagar definitivamente lo poco que quedaba de este ecosistema".

Con el escándalo de corrupción que estalló en mayo del año pasado en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el que estuvieron involucrados responsables de la SUNACRIP, llegó la renuncia del otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, desaparecido de la vida pública desde entonces.

Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cercano en lo personal y lo político a El Aissami, está hoy en prisión. El ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria, Hugbel Roa, encargado de presentar y asumir el proyecto del Petro a finales de 2017, también está preso. La purga adelantada por Maduro al desmantelar la extendida red de corrupción, barrió a una parte importante del personal técnico de Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos). 

Sin dar mayores explicaciones, Maduro dejó de hacer referencia a la criptomoneda estatal en sus apariciones públicas.

El uso de criptomonedas siempre fue alto en Venezuela, incluso mucho antes de la apuesta gubernamental por el petro: los criptoactivos son vistos como refugio frente a la inflación. Según una encuesta presentada en 2022 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 10,3% de los venezolanos poseen criptos, frente a 8,3% de los estadounidenses y 5% de los británicos.

El minado (proceso por el cual se crean nuevas unidades de criptomonedas a través de algoritmos generados por computadoras) también es alto en este país, por los bajos costos de la energía eléctrica.

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