David Sacks, el “Cripto zar” designado por la Casa Blanca, confirmó este miércoles un cronograma claro para la aprobación de una legislación integral sobre la estructura del mercado cripto.
Según Sacks, el proyecto de ley será presentado antes del receso legislativo de agosto, con una revisión formal programada para la primera semana de septiembre y la expectativa de que la ley esté aprobada para finales de ese mes.
Sacks agradeció en un post en X/Twitter a los principales líderes del Senado, el presidente del Comité Bancario, Tim Scott, y la presidenta del Subcomité de Activos Digitales, Cynthia Lummis, por establecer este plan y subraya el apoyo explícito del presidente Trump a la claridad regulatoria en la estructura del mercado y a la ley GENIUS sobre stablecoins. “¡Vamos a lograrlo!”, concluyó Sacks en su mensaje.
Por su parte, Tim Scott ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para la aprobación de la legislación, calificándola como un objetivo realista y alcanzable. Cynthia Lummis y Bo Hines, asesor de activos digitales de la Casa Blanca, han ratificado públicamente este compromiso, evidenciando un consenso bipartidista y ejecutivo para avanzar con rapidez en la regulación del sector.
Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para establecer un marco regulatorio sólido y moderno para los activos digitales. En enero de 2025, se creó el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales, liderado por Sacks, con la misión de revisar la regulación existente y proponer cambios que fomenten la innovación, protejan a los consumidores y aseguren la integridad del mercado.
El avance de la llamada GENIUS Act, centrada en las stablecoins, ha sido uno de los primeros pasos concretos, con apoyo bipartidista en el Senado. La legislación sobre la estructura del mercado cripto busca complementar esta regulación, estableciendo reglas claras para la supervisión, transparencia y funcionamiento de los mercados digitales.
El plazo fijado para septiembre refleja la urgencia con la que la administración y el Congreso quieren brindar certeza jurídica a un sector que ha crecido exponencialmente y que enfrenta desafíos regulatorios y de confianza pública.
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