Alemania quiere cobrar un 25% sobre las ganancias cripto: qué pasará con bitcoin y ethereum?

El gobierno alemán estudia la posibilidad de aplicar una tasa fija del 25% sobre las ganancias obtenidas con bitcoin, ethereum y otros activos digitales, lo que elimina la histórica exención impositiva que beneficia a los inversores que mantienen sus tokens por más de un año, equiparando así el tratamiento tributario con el de las rentas de capital tradicionales.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Finanzas y establece que el nuevo régimen abarcaría a las compras efectuadas a partir del 1 de enero de 2027. Por su parte, los activos adquiridos antes de esa fecha mantendrían el esquema impositivo vigente, donde la venta tras doce meses de tenencia permanece libre de impuestos, según revelaron los borradores filtrados por los medios alemanes Deutschlandfunk y Handelsblatt.

En la actualidad, las ganancias por la venta de criptomonedas en Alemania dentro del primer año de adquisición tributan bajo el impuesto a las ganancias personales, con escalas que pueden alcanzar el 45%. La reforma mantendrá la tasa única del 25% para todos los plazos. Esto beneficiará a los operadores de corto plazo con alícuotas más bajas, pero perjudicará a los ahorristas de largo plazo.

El proyecto establece que la retención automática de impuestos a través de las plataformas de intercambio comience recién en 2028. Este margen operativo de un año busca otorgarle tiempo a las empresas del sector para adaptar sus sistemas técnicos. Sin embargo, la obligación tributaria para el contribuyente nacerá en 2027, por lo que las operaciones realizadas ese año deberán ser declaradas manualmente.

Desde el Ministerio de Finanzas argumentaron la necesidad del cambio bajo un criterio de equidad impositiva, al considerar "injusto" que muchas ganancias especulativas con criptomonedas sigan sin pagar impuestos frente a otras rentas de inversión.

Con esta reforma, el Fisco alemán estima recaudar unos 160 millones de euros adicionales en 2028, cifra que proyecta ascender a 350 millones de euros anuales hacia 2031. La iniciativa se suma al endurecimiento en la rendición de datos que rige para los proveedores de servicios de activos digitales y al avance de la banca tradicional en la oferta cripto para minoristas.

No obstante, el texto constituye una propuesta en fase de coordinación gubernamental y no es ley. Para ser implementado requerirá el aval del Gabinete y la posterior revisión en el Parlamento, donde proyectos similares sufrieron rechazos previos en mayo debido a diferencias políticas sobre la fiscalidad digital.

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