Bancos en España aceleran su infraestructura de activos cripto bajo el marco MiCA

El sector de los activos digitales en España consolida su integración con la banca tradicional. Tras la serie de encuentros institucionales que reunieron a directivos de plataformas como Coinbase y Ripple con autoridades globales y gestores de Wall Street, las entidades financieras y los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP) en España ajustan sus modelos de operación. El objetivo de las firmas españolas es estructurar canales bancarios fluidos para permitir la liquidación de grandes volúmenes de capital de fondos de inversión y banca privada bajo estándares legales unificados.

Un CASP (Crypto-Asset Service Provider) es la denominación jurídica creada por el reglamento europeo MiCA para definir a las empresas autorizadas para ofrecer custodia, negociación y transferencia de activos digitales. En España, las entidades que cuentan con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el registro del Banco de España están implementando estándares internacionales de compensación interbancaria para ofrecer custodia institucional de bitcoin y ether a clientes de banca privada.

La directiva europea DAC8 (traspuesta a la legislación española en la Ley 7/2024) establece la obligación de que todas las plataformas de negociación de criptoactivos reporten automáticamente los saldos e identidades de los inversores a la Agencia Tributaria. Este cruce de datos garantiza que las operaciones ejecutadas a través de entidades con pasaporte bancario europeo cumplan con la fiscalización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), eliminando las incertidumbres regulatorias que alejaban al capital institucional español.

Los participantes del mercado deben verificar que la entidad de custodia elegida cuente con la homologación correspondiente en el registro público de la CNMV. Se aconseja mantener una documentación detallada de los comprobantes de compraventa y estar atentos a las publicaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre los criterios definitivos para la gestión de staking y rendimiento de activos, evitando plataformas en el extranjero que carezcan de autorización para operar dentro del Espacio Económico Europeo.

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