EE.UU.: impulsan una ley que obligaría a pagar impuestos por criptomonedas en el extranjero. ¿De qué se trata?

La Administración Donald Trump intensifica su ofensiva contra la evasión fiscal en el sector de los activos digitales. En este contexto, la Casa Blanca inició el estudio de una iniciativa surgida en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que busca otorgarle a esta agencia las facultades para acceder a la información de cuentas de criptomonedas en el extranjero pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.

Este movimiento significa un paso decisivo del gobierno de Estados Unidos hacia la adopción del Marco de Notificación de Criptoactivos (CARF), creado en 2022 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este marco tributario global facilita el intercambio automático entre países sobre datos de cuentas criptográficas, una medida fundamental para contener la evasión de impuestos.

De recibir la aprobación, Estados Unidos se unirá a la lista de naciones que ya incorporaron este marco en su legislación fiscal. Entre los países firmante figuran Reino Unido, Francia y Japón, además de centros criptográficos importantes como Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.

El gobierno estadounidense manifestó su apoyo a la adopción del CARF a principios de este año, considerándolo una herramienta segura para cerrar posibles vacíos fiscales de los tenedores de criptoactivos. La implementación a nivel mundial de CARF está prevista para el año 2027.

La eventual aprobación por parte de la Casa Blanca implica que el programa CARF forzará a EE.UU. a adoptar un reporte al estilo FACTA —Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, aprobada en 2010—. Esto obligará a todos los custodios extranjeros a transferir al IRS la información sobre las tenencias de cuentas de ciudadanos estadounidenses en el exterior.

Además, el gobierno trabaja en la Ley de Claridad Criptográfica, una propuesta legislativa cuyo fin es establecer un marco regulatorio claro. Por otra parte, el Tesoro y el IRS emitieron una nueva guía referente a los Productos Negociados en Bolsa (ETP) de staking, lo que mejora la transparencia fiscal para los inversores.

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