GENIUS Act.: El Departamento del Tesoro inició un proceso clave para su implementación

A poco más de un mes de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmara la promulgación de la Ley GENIUS, el Departamento del Tesoro inició esta semana un proceso de consulta pública necesario para avanzar hacia la implementación plena de la normativa.

Con esta solicitud de comentarios públicos, anunciada en un comunicado de prensa replicado por su secretario Scott Bessent, el Tesoro recibirá propuestas sobre métodos y tecnologías innovadoras para poder detectar actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.

Entre las opciones mencionadas figuran la inteligencia artificial, sistemas de verificación digital de identidad, monitoreo de blockchain y el uso de interfaces de programación (API) para detectar movimientos sospechosos. Las respuestas podrán enviarse hasta el 17 de octubre, dentro de los 60 días posteriores a la publicación en el Registro Federal.

En un posteo en su cuenta de la red social X, Bessent destacó que la GENIUS Act., es fundamental para reforzar el dominio de Estados Unidos en el floreciente ecosistema de las finanzas digitales y, sin dudas, ayudará a propulsar la demanda mundial de stablecoins respaldadas por dólares, lo que, en última instancia, incentivaría las compras de bonos del Tesoro.

La Ley GENIUS, promulgada oficialmente por Trump el pasado 18 de julio, establece un esquema de supervisión conjunta entre autoridades federales y estatales, y su plena aplicación se estima para noviembre de 2026.

Este compás de espera para su plena implementación está relacionado con uno de los aspectos centrales de la norma: sólo los Permitted Payment Stablecoin Issuers (PPSIs) podrán emitir stablecoins en el futuro. Estas entidades deberán contar con reservas completas que respalden los tokens en circulación, someterse a auditorías periódicas y cumplir con estrictos estándares de transparencia.

Además, los tenedores tendrán prioridad en el cobro en caso de insolvencia, mientras que las compañías deberán ajustarse a normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Estos ajustes por parte de los emisores de stablecoins, y las modificaciones regulatorias pertinentes que deben realizar los organismos de control están contemplados en el texto de la Ley, que otorgó un período de gracia para que los actores del sector puedan llevarlas a cabo.

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