Jul 19, 2026 9:02 AM
La norma traslada la regulación de las operaciones con criptomonedas desde la Ley de Servicios de Pago hacia la Ley de Instrumentos Financieros y Mercados.
Japón aprobó una reforma que incorpora a Bitcoin y a los demás criptoactivos dentro del régimen que regula los instrumentos financieros. La medida modifica la base legal utilizada para supervisar al sector y acerca su tratamiento al de las inversiones tradicionales.
El proyecto recibió la aprobación definitiva de la Cámara de Consejeros el 15 de julio, después de haber superado la Cámara de Representantes el 11 de junio. La norma traslada la regulación de las operaciones con criptomonedas desde la Ley de Servicios de Pago hacia la Ley de Instrumentos Financieros y Mercados.
La nueva legislación incluye dentro de la actividad financiera regulada a la compraventa de criptoactivos, las ofertas de determinados tokens y los servicios de préstamo de criptomonedas. También establece un sistema de divulgación de información y crea reglas específicas contra las operaciones realizadas con datos privilegiados.
Las disposiciones vinculadas con los activos digitales comenzarán a regir dentro del año posterior a la promulgación. La fecha exacta será definida mediante un decreto del Gobierno japonés.
Qué cambia para los exchanges y los inversores
La reforma abandona el enfoque que ubicaba a las criptomonedas principalmente dentro del sistema de pagos. Bitcoin y los demás activos alcanzados serán considerados instrumentos financieros diferentes de las acciones, los bonos y otros valores negociables.
Este cambio permitirá aplicar un único marco de protección a los usuarios que compran, venden o mantienen criptomonedas mediante operadores registrados en Japón. Los exchanges quedarán sujetos a requisitos similares a los que cumplen las empresas que prestan servicios financieros tradicionales.
Las plataformas deberán proporcionar información sobre los activos que ofrecen. Los datos incluirán sus características, funcionamiento, cantidad emitida, tecnología subyacente, derechos asociados y riesgos relevantes.
En el caso de los tokens con una organización emisora identificable, también deberá informarse quién controla el proyecto, cuál será el destino de los fondos recaudados y qué acontecimientos pueden afectar su desarrollo.
Bitcoin requiere un tratamiento diferente debido a que no cuenta con una empresa emisora. La Agencia de Servicios Financieros indicó que, en estos casos, las obligaciones recaerán principalmente sobre los operadores que incorporen el activo a sus plataformas.
El sistema contempla la divulgación continua de hechos capaces de influir sobre las decisiones de los inversores. Un problema técnico, una modificación significativa del proyecto o la interrupción de las operaciones deberán comunicarse de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.
La autoridad financiera también busca reforzar la evaluación de los activos admitidos, la adecuación de los productos al perfil de cada cliente y la vigilancia de las transacciones. El esquema regulatorio mantiene medidas de custodia ya existentes, como el almacenamiento de la mayor parte de los fondos de los usuarios en billeteras desconectadas de internet.
La reforma incorpora herramientas para actuar contra las compañías que operan sin autorización. El marco elaborado por el regulador prevé sanciones más elevadas, órdenes judiciales de emergencia y mayores facultades para detener servicios ilegales.
Japón aplicará reglas contra el uso de información privilegiada
La legislación incorpora un régimen específico para impedir que emisores, empleados de exchanges y otros participantes utilicen datos que todavía no fueron divulgados públicamente.
Las restricciones alcanzarán a los criptoactivos admitidos o en proceso de admisión dentro de plataformas japonesas. El control podrá abarcar operaciones realizadas fuera de los exchanges centralizados, incluidas transacciones entre particulares y movimientos efectuados mediante protocolos descentralizados.
Entre los hechos relevantes aparecen la quiebra de un emisor, el inicio o la suspensión de la comercialización de un activo y las operaciones de gran volumen. La reglamentación podrá incorporar otras situaciones capaces de alterar la formación de precios.
La Comisión de Vigilancia de Valores y Mercados tendrá facultades para investigar posibles abusos y aplicar sanciones administrativas. Los exchanges y las organizaciones autorreguladas deberán reforzar sus sistemas de monitoreo para detectar movimientos sospechosos.
Impuesto del 20% y camino para los ETF de Bitcoin
La reclasificación permitirá avanzar con una modificación del sistema tributario aplicado a las criptomonedas. Actualmente, las ganancias pueden acumularse con el resto de los ingresos del contribuyente y quedar sometidas a una carga de hasta el 55%, considerando el impuesto nacional y los tributos locales.
El plan fiscal para 2026 establece que determinadas operaciones realizadas mediante prestadores regulados pasarán a tributar por separado a una tasa básica del 20%. El esquema equiparará esos resultados con el tratamiento general que reciben las ganancias obtenidas con acciones y otros instrumentos financieros.
La implementación quedará vinculada con la entrada en vigor de la nueva Ley de Instrumentos Financieros y Mercados. El impuesto separado comenzará a aplicarse desde enero del año posterior al que contenga la fecha de entrada en vigencia de la reforma.
Una activación del nuevo régimen durante 2027 permitiría que el cambio impositivo comience en enero de 2028. La fecha todavía depende de la promulgación y de las normas complementarias.
La modificación también prepara el marco necesario para desarrollar fondos cotizados respaldados por determinados criptoactivos. En la actualidad, la regulación japonesa impide la creación de esos productos y requiere una modificación adicional de las normas que rigen a los fondos de inversión.
La aprobación parlamentaria no autoriza automáticamente un ETF de Bitcoin. Las autoridades deberán definir las condiciones de custodia, valuación, administración y comercialización antes de que una gestora pueda ofrecer un instrumento de ese tipo.
Japón adopta así un modelo que reconoce el uso predominante de las criptomonedas como inversión y refuerza las obligaciones de las empresas que participan del mercado. El nuevo régimen ofrece un tratamiento fiscal más favorable para ciertas operaciones y amplía los controles destinados a proteger a los usuarios.
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