La ley cripto más esperada de EEUU entra en horas decisivas: la Casa Blanca define su futuro

Una propuesta bipartidista busca destrabar las reglas sobre conflictos de interés y reunir los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado. El proyecto también delimita las competencias de la SEC y la CFTC y establece condiciones para las recompensas con stablecoins.

La Casa Blanca analiza este fin de semana una propuesta que podría destrabar la CLARITY Act, el principal proyecto para regular de manera integral el mercado de criptomonedas en Estados Unidos. La respuesta del Gobierno de Donald Trump será determinante para saber si la iniciativa llega al Senado durante los próximos días o queda postergada antes del receso de agosto.

El nuevo texto fue elaborado por el senador republicano Thom Tillis y su par demócrata Ruben Gallego con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre las reglas éticas para funcionarios federales. Según informó la periodista especializada Eleanor Terrett, la Casa Blanca recibió la contrapropuesta y comenzó a revisarla mientras representantes de la industria intensificaron sus gestiones para impulsar la votación.

Si la administración acepta el mecanismo, los promotores de la CLARITY Act podrían solicitar una votación procesal para habilitar su tratamiento. Para superar esa instancia necesitan el respaldo de 60 senadores, una cantidad que todavía no está garantizada.

La iniciativa ya superó una etapa importante el 14 de mayo, cuando el Comité Bancario del Senado la aprobó por 15 votos contra 9. Además, la Cámara de Representantes había aprobado su propia versión en julio de 2025 por 294 votos contra 134. Si el Senado incorpora modificaciones, el texto deberá regresar a la Cámara baja antes de llegar al escritorio presidencial.

El principal obstáculo se encuentra en las disposiciones destinadas a evitar que el presidente, el vicepresidente y otros funcionarios federales aprovechen sus cargos para obtener beneficios mediante negocios con activos digitales.

Un borrador anterior prohibía a determinadas autoridades y a sus cónyuges emitir o patrocinar criptomonedas a cambio de una compensación mientras ocuparan funciones públicas. Esas restricciones vencían el 20 de enero de 2029 y su aplicación quedaba exclusivamente en manos del fiscal general y el Departamento de Justicia.

Varios senadores demócratas consideraron insuficiente ese esquema debido a que el organismo encargado de investigar eventuales infracciones forma parte de la propia administración alcanzada por las normas. La falta de un mecanismo independiente dificultó la construcción de los apoyos necesarios para llevar el proyecto al recinto.

La contrapropuesta de Tillis y Gallego permitiría que los fiscales generales de los estados demanden al Departamento de Justicia cuando el organismo no haga cumplir las reglas sobre ética y conflictos de interés contra funcionarios federales. El alcance completo de esas facultades todavía se desconoce porque el documento no fue difundido públicamente.

Este mecanismo busca ofrecer una vía adicional de control sin entregar a las autoridades estatales la capacidad de iniciar acciones directas contra el presidente. Su aceptación podría sumar votos demócratas y, al mismo tiempo, conservar el respaldo de los republicanos que reclaman aprobar la regulación antes del receso legislativo.

La CLARITY Act busca establecer una estructura federal para determinar qué activos digitales deben ser considerados valores y cuáles quedan dentro de la categoría de commodities. De esa clasificación dependerá la intervención de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) o de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).

El proyecto también crea reglas para la emisión y comercialización de tokens, exige divulgaciones a determinados desarrolladores y plataformas, establece obligaciones contra el lavado de dinero y contempla protecciones para quienes crean software sin custodiar ni controlar los fondos de los usuarios.

Otro punto central es el tratamiento de las recompensas con stablecoins. El texto aprobado por el comité prohíbe que exchanges, proveedores de servicios y sus empresas vinculadas paguen intereses o rendimientos únicamente por mantener estos tokens.

A la vez, permite incentivos relacionados con transacciones, pagos, programas de fidelización, suscripciones o el uso efectivo de una plataforma. La SEC, la CFTC y el Departamento del Tesoro quedarían encargados de establecer conjuntamente los límites de esas recompensas.

El acuerdo intenta equilibrar las demandas de los bancos, que advierten sobre una posible salida de depósitos hacia stablecoins, con el interés de las compañías cripto por conservar sus programas de beneficios. La GENIUS Act, vigente desde julio de 2025, ya prohíbe que los emisores paguen rendimientos por la simple tenencia de stablecoins, mientras que la CLARITY Act extendería y aclararía las reglas para exchanges, billeteras y otros intermediarios.

Una respuesta favorable de la Casa Blanca permitiría retomar la negociación en el Senado durante la próxima semana. Superar la votación de 60 legisladores abriría el debate formal, aunque todavía quedarían pendientes la aprobación definitiva del Senado y una nueva intervención de la Cámara de Representantes.

Si el acuerdo ético fracasa, el proyecto seguirá vigente y podrá ser tratado más adelante. Sin embargo, una nueva postergación mantendría sin resolver la división de competencias entre la SEC y la CFTC, las protecciones para desarrolladores y el régimen aplicable a las recompensas con stablecoins.

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