El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa que establece rigurosas obligaciones de diligencia debida para las entidades de criptodivisas con el fin de suprimir el lavado de dinero.
La ley prevé nuevas actividades centradas en el papel de "las medidas de diligencia debida y los controles de identidad", y se extiende a las entidades que prestan servicios, como los gestores de criptoactivos. También tendrán que notificar a las autoridades cualquier empresa sospechosa que pueda estar vinculada a este tipo de fraude.
Se espera que este aspecto de la nueva ley, aprobada el 24 de abril, repercuta en los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), como los exchanges centralizados bajo la regulación de MiCA, y en amplias empresas y organizaciones, entre las que se encuentran los servicios de juegos digitales. MiCA es un marco jurídico de la Unión Europea que representa la seguridad de los activos digitales y sus mercados. Su entrada en vigor está prevista para junio de 2023 y se aplicará plenamente a finales de año. Una plataforma de nueva creación, la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Terrorismo Financiero (AMLA), se ha encargado de supervisar y ayudar a aplicar el instrumento.
Fráncfort (Alemania) es el domicilio de la sede de AMLA. No obstante, la ley se ha debatido en el Consejo, pero aún no se ha aplicado y, por tanto, no ha aparecido en el Boletín Oficial de la UE. Hon Patrick Hansen, director de estrategia y política de la UE en Circle, escribe en X que el voto que anticipa que se aprobará tendrá que seguir a que el Consejo haga oficial la adopción del paquete junto con su entrada en vigor dentro de tres años. Además, menciona que los CASP estarán obligados a suscribir normas como la comprobación de la identidad de los clientes y la lucha contra el blanqueo de dinero en lo que respecta al sistema "Conozca a su cliente" (KYC).
No es la primera vez que se exige esto a un exchange o a un proveedor de billeteras de custodia en la UE, pues ya han tenido que mantener esto bajo su control. Hansen señaló los cambios en el documento como un "resultado positivo" para la industria de los cripto-negocios. Llamó la atención sobre el hecho de que en la primera versión del proyecto de ley de AMLR, se preveía un régimen muy estricto, que habría sido válido no sólo para una persona jurídica/fundador/beneficiario, sino también para llevar a cabo las operaciones relacionadas.
Por otro lado, agradeció la aportación de las industrias asociadas, que crearon diversidad y múltiples opciones y lograron así el consenso. En los últimos meses, la mayoría de los comités principales del Parlamento Europeo han dictaminado que el límite para los pagos realizados desde criptocarteras autoalojadas ya no es el límite. Se trata de las nuevas leyes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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