Lummis vs. Warren: el duelo que puede definir el futuro del CLARITY Act

El futuro del CLARITY Act entró en una fase decisiva y expuso dos estrategias opuestas dentro del Senado de Estados Unidos. 

Cynthia Lummis reclama una votación para crear un marco federal para el mercado cripto; Elizabeth Warren considera que el texto conserva vacíos demasiado graves para convertirse en ley.

El líder de la mayoría republicana, John Thune, presentó antes del receso de agosto una moción de clausura del debate —cloture, en la terminología del Senado— sobre la moción para iniciar el tratamiento del proyecto. La medida prepara una votación procesal para después del receso y coloca al CLARITY Act frente a una barrera de 60 votos, según el registro oficial de la Cámara alta y Reuters.

El Senado retomará su actividad el 14 de septiembre. La fecha exacta de esa votación todavía no figura en el calendario oficial.

Más que una disputa personal, el contraste entre ambas senadoras resume la discusión que atraviesa Washington. Lummis sostiene que la industria necesita reglas claras y un reparto preciso de competencias entre los reguladores. Warren afirma que el proyecto favorece al sector, mantiene riesgos para el sistema financiero y ofrece una respuesta insuficiente frente a los negocios cripto de funcionarios públicos.

Lummis, senadora republicana por Wyoming y presidenta del Subcomité de Activos Digitales del Senado, es una de las principales impulsoras del proyecto. El 22 de julio presentó el texto actualizado, que fusionó el trabajo de los comités de Banca y Agricultura y dejó lista una versión para ser considerada por el pleno.

Lummis sostiene que el Congreso debe establecer reglas claras para el mercado de activos digitales. Esa estructura determinaría cuándo un activo digital queda bajo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y cuándo corresponde la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

El texto explicado sección por sección crea la categoría de ancillary assets —activos auxiliares— para determinados tokens vinculados con contratos de inversión y los trata como commodities. Sus emisores deberían presentar información inicial y semestral ante la SEC.

También establece un sistema de registro y supervisión para exchanges, brokers y otros intermediarios de commodities digitales bajo la CFTC.

La propuesta incorpora requisitos contra el lavado de dinero para plataformas centralizadas, reglas de custodia y segregación de fondos, protección de la autocustodia y un régimen específico para las finanzas descentralizadas. Además, prohíbe el pago de intereses por la simple tenencia de stablecoins y permite ciertas recompensas asociadas con transacciones, liquidez, staking u otras actividades.

Para Lummis, esta arquitectura ofrecería previsibilidad a empresas e inversores y permitiría que la innovación permanezca en Estados Unidos. La senadora sostuvo durante la presentación de una versión anterior que el país debía conservar el liderazgo en innovación financiera y afirmó que el proyecto acercaba ese objetivo.

Warren, senadora demócrata por Massachusetts y principal representante de su partido en el Comité Bancario, concentra sus objeciones en cuatro áreas: conflictos de interés, protección de inversores, estabilidad financiera y seguridad nacional.

De acuerdo con el resumen de la cláusula ética difundido por Lummis, la última versión prohíbe temporalmente que los funcionarios y empleados federales y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales a cambio de una contraprestación.

La medida alcanza al presidente, el vicepresidente, los integrantes del Congreso y los jueces federales. La restricción estaría vigente hasta el 20 de enero de 2029 y su cumplimiento quedaría en manos del Departamento de Justicia. El texto excluye a los fiscales generales de los estados de esa tarea, de acuerdo con Reuters.

Warren considera que esa cláusula deja vías abiertas para que Donald Trump conserve ingresos procedentes de emprendimientos cripto vinculados con su familia. Reuters informó que el presidente declaró más de USD 1.400 millones de ingresos derivados de esos negocios durante 2025.

La senadora cuestiona que la prohibición se concentre en la emisión o el patrocinio directo y que permita conservar inversiones, acuerdos de licencia y otras fuentes de ganancias.

“Este proyecto de ley debería quedar descartado desde el principio”, afirmó Warren al evaluar la versión del 22 de julio. La frase puede traducirse como “este proyecto debería ser rechazado de entrada”.

En esa declaración también sostuvo que la iniciativa carece de protecciones suficientes para los inversores, el sistema financiero y la seguridad nacional.

La demócrata advierte sobre posibles excepciones para servicios de finanzas descentralizadas y sobre la capacidad de actores ilícitos para aprovechar plataformas que queden fuera de las obligaciones tradicionales. El equipo de la minoría del Comité Bancario señaló riesgos relacionados con sanciones, mezcladores de criptomonedas y transacciones que podrían escapar a los controles contra el lavado.

Los autores del proyecto rechazan esa lectura. La versión republicana exige que exchanges, brokers y operadores de commodities digitales sean considerados instituciones financieras bajo la Ley de Secreto Bancario.

Esa clasificación implica programas contra el lavado, identificación de clientes y controles de debida diligencia. El desacuerdo reside en el alcance de esas obligaciones y en qué actores vinculados con protocolos descentralizados deben cumplirlas.

La Cámara de Representantes aprobó su versión del CLARITY Act por 294 votos contra 134 en julio de 2025. El Comité Bancario del Senado hizo avanzar el proyecto por 15 a 9 en mayo de 2026, con el respaldo de todos los republicanos y de los demócratas Ruben Gallego y Angela Alsobrooks, según el registro de esa votación.

Ese apoyo bipartidista en comisión todavía no garantiza los votos necesarios en el recinto. Gallego y Alsobrooks señalaron que su posición final dependería de avances en los asuntos pendientes.

De acuerdo con Reuters, el proyecto necesita al menos ocho votos demócratas y el acompañamiento de todos los republicanos que participen para alcanzar el umbral de 60.

La moción presentada por Thune prepara esa prueba para después del receso. Alcanzar los 60 votos permitiría clausurar el debate sobre la moción para proceder y continuar hacia el tratamiento formal del proyecto. Ese resultado todavía no equivaldría a la aprobación del CLARITY Act.

Si queda por debajo del umbral, la moción no avanzará mediante ese procedimiento y la conducción republicana necesitará buscar un nuevo acuerdo para intentarlo otra vez.

Incluso con una aprobación del Senado, el proceso seguiría abierto. La Cámara baja y la Cámara alta deberán resolver las diferencias entre sus versiones antes de enviar un texto único al presidente.

La pulseada que encarnan Lummis y Warren define así la condición política del proyecto. Los promotores necesitan sumar demócratas sin perder votos republicanos, mientras la oposición exige cambios capaces de alterar puntos sensibles para la Casa Blanca, la industria cripto y los bancos. Septiembre mostrará si esas posiciones pueden acercarse o si el CLARITY Act queda atrapado en el calendario electoral.

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