Por qué Elizabeth Warren rechaza el CLARITY Act, la ley cripto que busca aprobar Estados Unidos

Elizabeth Warren mantiene su rechazo al CLARITY Act, uno de los proyectos más importantes para definir las reglas del mercado de criptomonedas en Estados Unidos. La senadora demócrata considera que la última versión de la iniciativa todavía presenta problemas relacionados con la protección de los inversores, la seguridad nacional, los riesgos para el sistema financiero y los posibles conflictos de interés de funcionarios públicos.

Sus críticas volvieron a cobrar relevancia después de la presentación, el 22 de julio, de una versión actualizada del proyecto. El nuevo texto incorporó modificaciones surgidas de las negociaciones en el Senado, aunque Warren sostuvo que esos cambios no resolvieron varias de sus principales objeciones.

El debate ocurre mientras el Congreso estadounidense intenta acordar una legislación que determine con mayor claridad cómo deben regularse los activos digitales y qué competencias tendrán organismos como la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

El tratamiento deberá continuar después del receso de agosto. El Senado no logró avanzar con una votación antes de la pausa legislativa y septiembre aparece ahora como la próxima oportunidad para intentar alcanzar un acuerdo.

Una de las principales críticas de Warren apunta a los conflictos de interés de funcionarios públicos relacionados con negocios de criptomonedas.

La senadora cuestionó las disposiciones incorporadas para limitar esas actividades y considera que el proyecto todavía deja espacios que permitirían que funcionarios de alto rango o sus familiares mantengan intereses económicos dentro de la industria.

Warren vinculó especialmente esta preocupación con Donald Trump y los negocios relacionados con activos digitales de su familia. Según la legisladora, una regulación integral del sector debería incluir restricciones más estrictas para evitar que un presidente pueda beneficiarse económicamente de decisiones tomadas desde el Gobierno.

También expresó reparos sobre la forma en que se aplicarían algunas de esas normas. Warren cuestionó que determinadas facultades queden concentradas en el Departamento de Justicia y reclamó herramientas más amplias para que otras autoridades puedan actuar frente a posibles incumplimientos.

La segunda objeción está relacionada con la protección de consumidores e inversores.

Warren sostiene que algunas disposiciones podrían reducir salvaguardas actualmente disponibles bajo las leyes financieras y limitar las herramientas que utilizan los reguladores para investigar fraudes, abusos y otras prácticas dentro del mercado de activos digitales.

Su preocupación se concentra especialmente en el alcance de las excepciones que recibirían determinadas actividades cripto y en la posibilidad de que ciertos activos o servicios queden fuera de controles que actualmente existen en otros segmentos del sistema financiero.

La seguridad nacional constituye otro de los puntos centrales de su oposición.

Warren y otros demócratas del Comité Bancario del Senado advirtieron que el proyecto podría mantener vulnerabilidades relacionadas con el lavado de dinero, la evasión de sanciones económicas y el uso de criptomonedas para financiar actividades ilícitas.

Parte de la discusión gira alrededor de las reglas aplicables a desarrolladores de software y protocolos de finanzas descentralizadas, conocidos como DeFi. Para Warren, algunas excepciones incluidas en el marco regulatorio podrían dificultar el trabajo de las autoridades encargadas de investigar movimientos ilegales de dinero.

La cuarta objeción está relacionada con la estabilidad del sistema financiero estadounidense.

La senadora considera que una mayor integración entre bancos tradicionales y activos digitales puede aumentar la exposición del sistema financiero a mercados caracterizados por fuertes variaciones de precios y riesgos operativos diferentes a los de los instrumentos tradicionales.

Para Warren, una legislación destinada a establecer reglas para las criptomonedas debería incluir mayores protecciones frente a esos riesgos antes de permitir una expansión de la participación bancaria en el sector.

El rechazo de Warren no significa que el proyecto haya quedado detenido definitivamente. El CLARITY Act ya consiguió avances importantes en el Congreso y mantiene respaldo entre legisladores republicanos, algunos demócratas y buena parte de la industria cripto.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en julio de 2025 por 294 votos contra 134. El proceso continuó en el Senado, donde el Comité Bancario aprobó su propia versión en mayo de 2026 por 15 votos contra 9.

La senadora republicana Cynthia Lummis presentó el 22 de julio un texto actualizado que incorpora el trabajo realizado por los comités de Banking y Agriculture. A partir de allí continuaron las negociaciones para intentar reunir los votos necesarios en el pleno.

El acuerdo no llegó antes del receso de agosto. El líder de la mayoría republicana, John Thune, indicó que el proyecto regresará a la agenda cuando los senadores vuelvan a Washington.

El futuro del CLARITY Act dependerá entonces de las negociaciones que se desarrollen en septiembre. Las críticas planteadas por Warren muestran que todavía existen diferencias importantes sobre hasta dónde debe llegar la regulación, qué protecciones deben mantenerse y qué controles deberán enfrentar las empresas y funcionarios vinculados con el mercado de criptomonedas.

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