Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, apuesta por la tecnología blockchain para combatir la corrupción

Bolivia podría convertirse en el próximo país de América Latina en incorporar la tecnología blockchain a su estructura estatal. 

El recientemente electo presidente Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, anunció que planea utilizar blockchain y contratos inteligentes para luchar contra la corrupción en las contrataciones públicas y modernizar la gestión gubernamental.

Según informó la agencia Associated Press, Paz se impuso en la segunda vuelta electoral con el 54,5% de los votos frente al 45,5% de Jorge Quiroga, y asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre. 

El nuevo mandatario llega al poder con un mensaje centrista y pro-mercado, en medio de una economía presionada por la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustible.

Dentro de su programa de gobierno, el equipo de Paz incluyó un eje concreto sobre transparencia y modernización estatal. Allí se detalla un plan para implementar blockchain y contratos inteligentes (smart contracts) en los procesos de compras públicas, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad en la adjudicación de contratos y reducir los espacios para la corrupción.

“El uso de tecnologías descentralizadas permite auditar y automatizar cada paso del proceso de contratación, garantizando trazabilidad y transparencia”, sostiene el documento oficial de la plataforma 2025 del Partido Demócrata Cristiano.

La idea no es meramente simbólica: la automatización mediante contratos inteligentes podría bloquear la manipulación de pliegos o licitaciones, un problema histórico en Bolivia y en buena parte de América Latina.

Aunque Paz ha incluido las criptomonedas en su agenda económica, su postura es más técnica que ideológica. No se trata de adoptar Bitcoin (BTC) como moneda nacional ni de acumular reservas en criptoactivos, como hicieron otros países, sino de integrar los activos digitales en un nuevo fondo de estabilización cambiaria.

Este fondo, que se financiaría con un programa de regularización de activos, permitiría a los ciudadanos declarar tenencias de criptomonedas y convertirlas en parte de las reservas nacionales. Según la propuesta, el objetivo es ampliar las fuentes de liquidez del Estado y facilitar importaciones en momentos de escasez de divisas.

En este sentido, el presidente electo se presenta como un “cripto-pragmático”, que ve en la blockchain una herramienta para la gestión pública, más que un símbolo de soberanía financiera.

El viraje de Bolivia hacia la economía digital comenzó antes de la elección de Paz. En junio de 2024, el Banco Central de Bolivia levantó la prohibición operativa sobre las transacciones con criptomonedas, que había estado vigente durante años. Desde entonces, permitió su uso a través de canales electrónicos regulados, marcando un punto de inflexión en la política monetaria del país.

El cambio se reflejó rápidamente en el mercado: el volumen mensual promedio de operaciones con activos digitales se duplicó respecto al año anterior. En octubre de 2024, el Banco Bisa lanzó el primer servicio de custodia de USDT (Tether) para instituciones financieras, mientras que la empresa estatal YPFB comenzó a explorar pagos en criptomonedas para importaciones de energía ante la escasez de dólares.

Para septiembre de 2025, distribuidores locales de marcas como Toyota, Yamaha y BYD ya aceptaban pagos en USDT, lo que consolidó la adopción cripto en el sector comercial.

El 31 de julio, además, el Banco Central firmó un memorando de entendimiento con El Salvador, en el que calificó a las criptomonedas como una “alternativa viable y confiable al dinero fiduciario” y se comprometió a cooperar en políticas y herramientas tecnológicas para modernizar los pagos e impulsar la inclusión financiera.

Según datos oficiales, el volumen de operaciones con criptoactivos alcanzó 46,8 millones de dólares mensuales y 294 millones acumulados al 30 de junio de 2025.

Con el liderazgo de Rodrigo Paz y una política económica que combina apertura tecnológica y control regulatorio, Bolivia parece dispuesta a incorporar la blockchain no solo como innovación financiera, sino como pilar de transparencia institucional.

Si los planes se concretan, el país podría convertirse en un referente regional en el uso de blockchain para la gestión pública, un campo donde América Latina ya muestra avances en países como Brasil, Colombia y Argentina.

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