Apr 20, 2026 9:30 AM
El fundador de Cardano advirtió sobre fallas estructurales, falta de consenso y riesgos regulatorios que podrían volverse en contra de la industria.
El debate sobre la regulación de la industria cripto en Estados Unidos sumó una voz crítica de peso: Charles Hoskinson aseguró que la denominada Clarity Act presenta problemas de fondo que la convierten en una iniciativa riesgosa para el ecosistema. Su conclusión es contundente: “un mal proyecto de ley es peor que no tener ninguno”.
El fundador de Cardano, con experiencia previa en discusiones legislativas en el Congreso, apuntó contra el origen mismo de la propuesta. Según explicó, una ley sólida requiere meses de trabajo previo con todos los actores involucrados. En este caso, ese proceso no existió. “No se puede escribir una ley sobre una tecnología sin consultar adecuadamente a quienes la construyen”, remarcó.
Las palabras de Hoskinson contrastan con lo expresado por otro referente del sector: Brad Garlinghouse, quien adoptó una postura más pragmática dentro del sector. El CEO de Ripple sostuvo que avanzar con una regulación, aun con sus imperfecciones, resulta preferible a la incertidumbre actual y resumió su visión con una frase: “la claridad es mejor que el caos”.
En esa misma línea, también respaldó la idea de que “es mejor tener una ley imperfecta que no tener ninguna”, lo que marca un contrapunto directo con la advertencia de Hoskinson sobre los riesgos de una mala legislación.
El fundador de Cardano destacó que la falta de diálogo con la industria derivó en una estructura débil, difícil de corregir con simples ajustes. A esto se suma un punto clave: la decisión de otorgar a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) un rol central en la supervisión del sector.
Hoskinson considera que el organismo no cuenta con los recursos ni la experiencia para asumir esa responsabilidad. La ley le asigna nuevas funciones, pero no contempla un aumento de presupuesto ni la creación de capacidades técnicas. En ese contexto, advirtió que podrían surgir demoras, inconsistencias y una regulación moldeada por futuras administraciones. “La próxima administración terminará lo que esta empezó”, señaló, al destacar el riesgo de que un cambio político redefina por completo las reglas del juego.
Otro punto crítico es la falta de definición clara sobre qué activos deben considerarse valores financieros. El caso más complejo es el de las stablecoins con rendimiento, que hoy presentan características cercanas a contratos de inversión.
El proyecto de ley intenta encuadrarlas como commodities, una categoría que, según Hoskinson, no se ajusta a su naturaleza. Para el empresario, la solución debía ser la creación de una nueva categoría legal adaptada a los activos digitales.
Además, uno de los cofundadores de Ethereum planteó un problema más profundo: la pérdida de confianza en las instituciones. En su visión, este fenómeno afecta tanto a los sistemas políticos como a los financieros. En ese contexto, tecnologías como las pruebas de conocimiento cero aparecen como una alternativa para construir sistemas donde la verificación no dependa de la confianza entre las partes.
Desde esta perspectiva, la Clarity Act no solo resulta incompleta, sino que podría debilitar la posición actual del sector. Sin una ley clara, muchas empresas han logrado defenderse en tribunales gracias a la ambigüedad regulatoria. Una legislación mal diseñada, en cambio, podría eliminar ese margen y establecer un marco legal adverso.
Mientras el proyecto sigue su curso en el Congreso, Hoskinson insiste en que el problema no radica en la necesidad de regulación, sino en cómo se la diseña. Sin consenso, sin recursos adecuados y sin una base técnica sólida, la ley corre el riesgo de convertirse en una herramienta en contra de la industria que busca ordenar.
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